Menores no acumulan tiempo ilegal

Durante muchos años, juristas dedicados al ramo del Derecho de Inmigración se vieron acorralados ante la impotencia de tener que tratar con la creciente burocracia del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, puesto que dado el alto flujo del número de casos y la incapacidad de los oficiales de adjudicar casos con la celeridad necesaria, muchos menores de edad, simplemente quedaron fuera de las solicitudes sometidas por sus padres para poder ajustar y por ende—en la mayoría de los casos—quedaron fuera de estatus y sin alguna ley que los protegiera. 
El Acta de Protección al Estatus de Menor (Child Status Protection Act, ‘CSPA’, por sus siglas en Ingles) entró en vigor el 6 de agosto del 2002.  Esta ley le otorga protección a la edad de un menor de edad que haya sido incluido en una solicitud sometida ante el Servicio de Inmigración por un Peticionario y el efecto inmediato de esta ley es el de congelar la edad del menor, mientras este no haya llegado a los 21 años al momento de haber sido incluido en determinada solicitud.  Esta ley es de suma importancia ya que de acuerdo a la sección 101(b)(1) del Acta de Inmigración y Nacionalidad (Inmmigration and Nationality Act ‘INA’ por sus siglas en Ingles), se considera, generalmente, que una persona es “menor” aquella persona que sea soltera y quien no haya alcanzado la edad de 21 años.

La razón por la cual esta ley es necesaria, es porque sin ella, el tiempo de procesamiento de las aplicaciones, anteriormente de que esta entrara en vigor, tomaba muchísimo tiempo y las consecuencias resultaban crueles puesto que dejaban sin ninguna alternativa a los miles de menores que alcanzaron la mayoría de edad mientras sus aplicaciones estaban pendientes de procesamiento.  Esta ley evita este resultado atroz.  El Acta de Protección al Estatus de Menor previene que un menor baje a una categoría de menor preferencia lo que, si se diera, sujetaría al menor en cuestión a una larga espera para una visa disponible. 

Específicamente, la ley congela la edad del menor de acuerdo a un evento específico o a un determinado momento en el tiempo haciendo caso omiso de la edad actual del menor la cual corresponde a la fecha de nacimiento.  Dependiendo de la categoría en la que el menor caiga, este evento es, usualmente, la fecha en que se sometió la petición familiar (forma I-130); la fecha de naturalización del padre cuando la petición familiar fue sometida ante el Servicio de Inmigración siendo el peticionario residente permanente; la fecha en la cual la visa se encuentre disponible descontando el numero de días que le tomo al Servicio adjudicar dicha petición; o la fecha en la cual el padre sometió la aplicación para pedir asilo político. 

Bajo esta ley el menor sigue siendo menor para efectos de los beneficios migratorios al que tiene derecho.  El único inconveniente, es que esta ley no opera retroactivamente como otras leyes de inmigración que han entrado en vigencia.  Es decir, que si el “menor” alcanzó la edad de 21 años antes del 6 de agosto del 2002, el menor en cuestión no es elegible para beneficiarse de la protección de esta ley.  Por supuesto, y como en la generalidad de cualquier tipo de ley, siempre hay excepciones.  Una de las ellas—la cual opera en cuanto a esta ley mas no es la única— por la cual un “menor” pudiera beneficiarse de esta ley, aun habiendo cumplido los 21 años antes del 6 de agosto del 2002, es el caso del “menor” que alcanzó la edad de 21 años antes de la vigencia de esta ley, pero quien tenía una petición pendiente ante el Servicio de Inmigración, o el caso en el que el Servicio hubiese aprobado una petición pero sobre la cual no se haya dictaminado una “determinación final” siempre y cuando esta petición haya sido sometida antes del 6 de agosto del 2002.  Por el contrario, si el Servicio ya hubiese denegado una petición antes del 6 de agosto del 2002, no hay mocion de reapertura o reconsideración que el Servicio de Inmigración vaya a considerar, pues su posición es que estas mociones no tienen fundamento legal y únicamente consideraran aquellas mociones de reapertura o reconsideración y aquellas apelaciones que estén pendientes ante el Servicio antes de la fecha arriba indicada.  Es importante indicar que el termino “determinación final” significa que aun cuando el Servicio haya denegado una petición de un “menor” por este haber alcanzado los 21 años, la decisión no es final mientras una Corte de Inmigración no haya emitido esa determinación final antes del 6 de agosto del 2002 y consecuentemente el Acta de Protección al Estatus de Menor aplica en favor del menor en los casos en que el caso haya sido referido a una Corte de Inmigración y lo cual suele suceder muy a menudo. 

En el caso de los hijos menores quienes buscan ajustar su estatus migratorio como hijos de ciudadanos americanos, el Servicio utiliza la edad que tenía el menor el día en el cual se sometió la petición familiar (forma I-130) para determinar su edad, y la cual se mantendrá congelada, hasta que el Servicio adjudique la petición familiar siempre y cuando el “menor” permanezca soltero.  Asimismo, esta ley congela la edad del menor aunque el padre en el momento de pedirlo haya sido Residente Permanente de los Estados Unidos, y no ciudadano.  En este caso, la fecha que el Servicio toma como edad del menor, es la fecha en la cual el padre quien antes era residente se hizo ciudadano norteamericano. 

Las reglas que el Servicio utiliza para determinar el momento en el la edad del menor se congela se vuelven un tanto más complejas cuando se trata del hijo menor de un Residente Permanente y quien no se va a naturalizar durante el término en el cual la petición esté pendiente frente al Servicio.  En este caso la determinación de la edad del menor no se basa solamente en un solo evento sino que se basa en una formula matemática.  La formula requiere que el Servicio reste el número de días durante los cuales la adjudicación de la petición haya estado pendiente en el momento en el que haya una visa disponible.  Esta es la formula general, y no todos los casos se determinan igual.  Hay muchísimos factores a considerar pues el Servicio también considera el boletín de visas que se publica mensualmente por parte del Departamento de Estado el cual no solamente informa sobre el día en el cual una visa esta disponible, sino también informa si la disponibilidad de visas ha adelantado o regresado.  No obstante lo complicado de esta formula, lo importante es saber que existe una ley a la cual los inmigrantes se pueden acoger y la cual no debería ser tomada a la ligera, ya que en la mayoría de los casos es muy probable que se logre rescatar a algún “menor” que se haya quedado sin estatus no por falta de su parte sino simplemente por el sinnúmero de casos que a diario se estancan durante el proceso de ajuste en el Servicio de Inmigración.

Es importante crear consciencia inmigratoria para podernos beneficiar de las muchas leyes que existen a favor del inmigrante.  En la mayoría de los casos, las personas no consultan apropiadamente con un especialista del Derecho de Inmigración.  Lo que está en juego es el estatus del “menor” y el precio a pagar, cuando no se está bien informado, es muy alto.  Por mucho tiempo estos “menores” pagaron las consecuencias al no tener protección.  Hoy día, el Acta de Protección al Estatus de Menor ofrece una solución a este problema, y aunque no perfecta, es un amparo que favorece a muchísimos inmigrantes.

Emigrar siempre se ha asociado con viajes inalcanzables y poéticos. Muchas sagas escritas tienen que ver con la migración. Desde la antigüedad la gente migra y ese constante movimiento es lo que puede explicar nuestra presencia en la tierra tal como somos. Como seres humanos de carne y hueso.

Si nuestros más remotos ancestros no se hubieran movido no estaríamos acá.

La diferencia hoy es que migrar no depende de barcos o de travesías en caravanas. Salvo en casos extremos, que todavía existen y son dignos de la mayor admiración y respeto, migrar hoy día es algo que puede ser más sencillo.

Usted puede revisar el Internet y encontrar un mejor lugar para vivir. Puede revisar las opciones para vivir en ese lugar. Puede encontrar la documentación necesaria para instalarse en ese territorio. Puede ir a la embajada o consulado de ese país, al que quiere ir, desde el lugar donde usted está.

Hoy puede hacerse eso de manera cómoda, sencilla y desde la tranquilidad de su hogar, oficina, biblioteca pública o cualquier cibercafé.

Los casos extremos

Sentimos el mayor respeto y consideración por quienes tienen que tomar rutas extremas para huir y reencontrarse con su destino. No es fácil poner en juego la vida, para poder encontrar mejores oportunidades.

A lo largo del tiempo, cientos de miles de personas han encontrado la muerte, tratando de encontrar un mejor lugar para vivir. O huyendo de la opresión.

Pero para esos héroes, que merecen el mayor de nuestros respetos, tenemos también tienen un lugar y un espacio. Usted escapó de un infierno, para encontrar una mejor manera de vivir, no para sufrir por quedarse acá.

La idea que queremos reflejar, es que esta es una nación de inmigrantes. Que ese, migrar, es un valor fundamental dentro de esta sociedad. Que en la historia de la humanidad ninguna nación ha tenido mayor respeto por quienes emigran acá. Y que ninguna otra nación se ha beneficiado más de los inmigrantes.

El valor del método

Migrar son varios procesos. El personal, el cual depende de nuestra condición migratoria, si lo hacemos en plena conciencia, con todos los tiempos, estudios y recursos. Si lo hacemos con nuestros padres y no sabemos por qué lo hacemos. Si lo hacemos para evitar persecución y muerte. En cada caso se vive un proceso interno y personal.

Pero en el caso de migrar a este país los Estados Unidos de América, migrar tiene otro proceso, que hay que respetar y que es el proceso migratorio acá.

Los Estados Unidos son un estado de derecho y de método. Sus colonizadores fueron los ingleses, quienes inventaron el cardex y los conceptos modernos de manejo y preservación de documentos. La primera computadora u ordenador se inventó acá.

Acá hay un método para casi todo e inmigrar, también tiene el suyo.

La idea es que usted pueda encontrar la manera más fácil para entenderse con lo que hoy se conoce como el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).

No importa la razón que lo trajo acá, no importa la manera como llegó, no importa la forma en que decidió instalarse en este país. Siempre que usted se haya mantenido dentro de los parámetros permitidos de forma legal por esta nación usted tiene, la posibilidad de ser un inmigrante, conseguir una residencia y una ciudadanía.

Podemos serle muy útiles. Gracias por permitirnos serle útiles.

Familia cortesia US census

Fue ampliado el programa para inmigrantes inversionistas, el cual se conoce como EB-5. Anunció el gobierno estadounidense, tras la firma de la Ley HR 1105 aprobada por el Congreso.

La ampliación facultó a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) seguir recibiendo y procesando solicitudes I-526 enviadas por los centros regionales, así como los formularios I-485 de ajuste de estatus. Hay 45 centros regionales que procesan formularios de la visa EB-5, reconocidos por el gobierno.

La posibilidad de ingresar a Estados Unidos y conseguir la residencia permanente, se ha hecho muy difícil, casi inalcanzable, sobre todo después de los ataques terroristas de 2001. Pero, existe un programa poco conocido que otorga el documento en menos tiempo de lo que muchos piensan, a cambio de una inversión de por lo menos $500 mil.

Eduardo Montesinos no disponía de esa suma cuando tomó la decisión de instalar un negocio en Estados Unidos, y por ese motivo no pudo participar en el programa. “Es una cantidad poco usual en un inversionista latinoamericano”, comenta.

Montesinos entró a Estados Unidos a finales de enero con una visa de inversionista E-2, de no inmigrante, y se instaló en San Diego, California. “Trabajo en dos líneas de negocios. Una es tecnológica, telefonía sobre internet VOIP, y otra desde donde operó personalmente un servicio de consultoría para empresarios latinoamericanos que buscan hacer negocios en Estados Unidos”.

Un número importante de inversionistas se inclina por el programa EB-5, creado por el Congreso en 1990 y que está dirigido a inmigrantes que quieren hacer negocios en Estados Unidos. Uno de los principales requisitos es que inviertan en zonas de alto índice de desempleo, que necesitan inversión, o en zonas rurales.

Detalles del EB-5

El programa, permite a una persona y sus familiares inmediatos obtener una tarjeta verde (green card), para vivir de manera permanente en Estados Unidos, el requisito, es invertir $500 mil en una zona rural o en una zona de alta tasa de desempleo o invertir $1 millón.

Los inversionistas que entran en el programa y son autorizados a hacer negocios en Estados Unidos reciben una residencia condicionada por dos años, tiempo durante el cual el capital invertido debe haber generado por lo menos 10 empleos, ofrecidos a trabajadores estadounidenses. Si se cumple esta exigencia, el estatuto condicional es removido y el inversionista y su familia se convierten en residentes permanentes.

El retiro de esta condición puede ser el beneficio más importante para muchos inversionistas, además de auspiciar visas de residencia para su familia, poner su propio negocio, salir y entrar del país sin tener que solicitar una visa adicional y la posibilidad de  pedir la ciudadanía luego de cuatro años y nueve de residencia.

El programa no ha sido tan generoso como pretendió el Congreso en 1990, cuando destinó 10 mil visas para cada año fiscal a ser distribuidas entre inversionistas, cuyos países tuvieran vigentes tratados comerciales con Estados Unidos. En su apogeo, el programa EB-5 sólo entregó 1,300 tarjetas verdes. Pese a ello, en 1998, el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), sin previo aviso ni oportunidad de presentar observaciones, cambió las normas del EB-5 e hizo más difícil para los nuevos y futuros inversores poder calificar para el programa.

Las nuevas regulaciones, fueron retroactivas y afectaron a muchos inversionistas que fueron deportados junto con sus familias. Como consecuencia de las medidas del INS, los inmigrantes inversionistas y sus familias perdieron sus casas, sus trabajos, su derecho a estar en Estados Unidos, y también los millones de dólares que habían sido inyectados a las economías de zonas rurales y con alto índice de desempleo.

Cuatro años más tarde, en 2002, el Congreso aprobó una ley para ayudar a los inversionistas perjudicados por el INS, y el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional elaboró un nuevo reglamento para el programa.

En noviembre de 2003, el Congreso manifestó un renovado interés en el programa y autorizó la creación de centros regionales, para que gestionaran directamente con el servicio de inmigración un 30 por ciento de la cuota anual de visas autorizadas en 1990, una decisión que facilitó la tarea de atraer a los inversores extranjeros.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), reportó que en los años fiscales 2002 y 2003 se entregaron 255 visas de residencia bajo el programa EB-5 respectivamente, y que en el año fiscal 2004 las tarjetas verdes concedidas bajaron a 247.

En el año 2005 el número de green card aumentó a 332 y en el año fiscal 2006 se entregaron 486 visas de residencia. El año fiscal 2007, el número de visas concedidas fue de 803, y apuntó que la cifra debe multiplicarse por 2.5 para incluir a la familia del inversionista. Por ejemplo en 2002 se otorgaron 255 visas EB–5″, dijo Kane. Otras 637 green card fueron entregadas a los miembros de la familia del inversionista.

¿Tengo una orden de deportación qué puedo hacer?

- Lo primero que debe hacer es buscar ayuda profesional. Un abogado no es un lujo es un derecho, todos tienen derechos a una representación legal. En caso de que tenga una emergencia por favor llámenos a nuestros teléfonos 305 4468686. Por favor siempre tenga presente que la representación de un abogado es un derecho. Procure información escrita y referencia sobre quien lo representará. Llámenos.

¿Qué debo hacer para evitar una deportación?

- Un buen inicio es que usted contrate una buena representación legal, que maneje sus trámites ante los Servicios de Inmigración. Esto si está hecho de manera profesional, le evitará que usted se tenga que enfrentar a una situación de deportación. Evite quedar en una situación de ilegalidad. Cumpla con los lapsos de los trámites que está realizando, exija a su representante, si lo tiene, que cumpla con esos lapsos. Las leyes migratorias de los Estados Unidos, son muy favorables al inmigrante, pero por más que así sea usted debe tener ayuda profesional. El desconocimiento de la Ley, jamás excusa de su incumplimiento. Aun cuando la tradición y la historia favorecen la inmigración; pero esa tradición de puertas abiertas para todos aquellos que procuran la felicidad, es atacada de manera constante por la violencia sin sentido del terrorismo y por aliados internos como el fanatismo, el miedo y la ignorancia.

¿Qué hago si me agarran sin papeles en una redada?

- Primero trate de mantener la calma. Este es una nación basada en el respeto de los derechos de los demás, usted todavía tiene derechos. No firme nada que lo comprometa sin consultar con su abogado. Sea muy educado y muy firme en el manejo de este asunto, pida con educación y con firmeza que lo represente un abogado. Si usted tiene más de 2 años acá usted tiene derecho a ser escuchado por una corte.

¿Qué tanto se ha incrementado el tema de las deportaciones?

- En algunos casos, las deportaciones se han incrementado en más de un 80%, en relación con el año pasado cuando también se había incrementado en referencia al anterior. Las fuerzas policiales encargadas de los casos migratorios, han crecido en número de hombres y en eficiencia en su trabajo de deportaciones.

¿Qué es una deportación?

- Es la acción de expulsión de un país a extranjeros que se encuentren en estado de inmigración ilegal. Acá se trata por lo general de trabajadores y sus familiares, quienes no han terminado de arreglar su situación migratoria por distintas razones, muchas veces por no contar con el apoyo de abogados profesionales en materia migratoria.

¿Qué tan grave es una deportación?

- Una deportación implica para empezar el destierro del lugar donde usted eligió vivir, con todo lo que eso implica, perdida de trabajo, de amigos y demás. Pero para muchos, lo más complicado es la separación de las familias, esposos donde uno de los dos es inmigrante y el otro  residente; familias donde los hijos son ciudadanos y que se quedan acá atendidos por algún amigo o familiares.

¿Qué consecuencias migratorias tienen una deportación?

- Después de una deportación, el deportado, no podrá realizar ningún trámite para solicitar visa de ningún tipo para entrar de manera legal a los Estados Unidos, en los siguientes 10 años.

¿Por qué usted Eduardo Soto y no cualquier otro?

- Nuestros 20 años de experiencia nos han permitido conocer el sistema y sus cambios, además hemos aprendido en ese tiempo que cada caso tiene sus especificidades. Cada uno de los inmigrantes que procura establecerse acá, tiene una historia propia, nosotros tenemos las herramientas y la experiencia para presentar de la mejor manera su historia. Usted tiene derecho a que lo represente un abogado, un profesional de quien pueda recibir las mejores referencias.

Ahora ¿Por qué yo?

- Yo he vivido la necesidad de migrar como usted. Gracias a mi práctica por casi 20 años, he tenido reconocimiento en el mundo entero. Si usted me permite el honor de ser su representante, lo llevaremos de la mano por todo el sistema de inmigración. Además mi experiencia me ha permitido manejar casos exitosos de personas como usted ante la Corte Suprema, las Cortes de Apelación, las Cortes Federales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su representación, abarca también la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria, compuesta por la Junta de Apelaciones de Inmigración y la Oficina del Juez de Inmigración; el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos compuesto de Servicios de Ciudadanía e Inmigración y Oficina de Inmigración y Aduanas, además de otras agencias del poder Ejecutivo de los Estados Unidos.

¿Qué pasa si el Departamento de Seguridad Nacional se pone en contacto con usted? Recuerde que usted tiene derechos que le pueden ser muy útiles. Estas recomendaciones de la ACLU (Asociación Americana de Derechos Civiles) son bien informativas (aclu.org)

¿Qué hago si no soy ciudadano y el DHS se pone en contacto conmigo?

Haga valer sus derechos. Si usted no exige que se respeten sus derechos o si firma alguna documentación renunciando a sus derechos, el DHS lo puede deportar antes de que usted vea a un abogado o a un juez de inmigración. Nunca firme documentación alguna sin antes leerla, entenderla y conocer las consecuencias de firmarla. Hable con un abogado. Si fuera posible, lleve consigo el nombre y número de teléfono de un abogado que responderá a sus llamados. Las leyes de inmigración son difíciles de entender y ha habido muchos cambios últimamente. De acuerdo con las leyes, reglamentaciones y directrices del DHS actuales, las personas que no son ciudadanas tienen los siguientes derechos independientemente de su situación inmigratoria.

La siguiente información puede cambiar por lo cual es importante que se comunique con un abogado. Los siguientes derechos se aplican a personas que no son ciudadanas que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos.

Las personas que no son ciudadanas que se encuentran en la frontera y que están tratando de ingresar a los Estados Unidos tienen restricciones adicionales y no tienen todos los mismos derechos.

P: ¿Tengo derecho a hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta del DHS o de firmar cualquier documentación del DHS?

R: Sí. Si lo detienen, tiene derecho a llamar a un abogado o a su familia; también tiene derecho a que un abogado lo visite mientras se encuentra detenido. Tiene derecho a que su abogado lo acompañe en cualquier audiencia ante un juez de inmigración. No tiene derecho a un abogado designado por el gobierno para procedimientos de inmigración; pero si ha sido arrestado, los funcionarios de inmigración le tienen que mostrar una lista de proveedores de servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo.

P: ¿Debería llevar mi tarjeta de residencia permanente (green card) u otra documentación de inmigración conmigo?

R: Si tiene documentación que lo autoriza a permanecer en los Estados Unidos, debe llevarla consigo. La presentación de documentación falsa o vencida ante el DHS puede tener como consecuencia la deportación o una acción penal. La presentación de una tarjeta de residencia permanente (green card), un formulario I-94, un Permiso de trabajo (Employment Authorization Card), una Tarjeta para cruce de frontera (Border Crossing Card) o cualquier otra documentación vigente que pruebe que su situación es legal cumplirá con este requisito. Debe expresar claramente que usted no prestó su consentimiento y que el allanamiento se realiza en contra de su voluntad. Legalmente, su compañero de habitación o huésped puede dar su consentimiento para que se lleve a cabo un allanamiento si la policía considera que dicha persona cuenta con la autoridad para hacerlo. La policía y los agentes encargados del cumplimiento de la ley necesitan una orden para registrar una oficina, pero su empleador puede acceder a que se realice el allanamiento de su puesto de trabajo sin su permiso.

P: ¿Qué hago si los agentes tienen una orden de allanamiento?

R: Si usted se encuentra presente cuando los agentes llegan para realizar el allanamiento, puede solicitar que le muestren la orden. La orden debe especificar los lugares que se registrarán y las personas o cosas que se pueden llevar. Llame a su abogado tan pronto como le sea posible. Pregunte si le permiten observar el allanamiento; si se lo permiten, debería hacerlo. Tome nota de los nombres, los números de placas, a qué organismo pertenece cada funcionario, los lugares donde registraron y lo que se llevaron. Si se encuentran presentes otra s personas, pídales que actúen como testigos para que observen lo que está sucediendo.

P: ¿Tengo que responder a las preguntas si la policía tiene una orden de allanamiento?

R: No. La existencia de una orden de allanamiento no implica que usted deba contestar preguntas.

P: ¿Qué hago si los agentes no tienen una orden de allanamiento?

R: Usted no está obligado a permitir que la policía registre su vivienda, ni tiene que responder sus preguntas. La policía no puede obtener una orden basándose en su negativa.

P: ¿Qué hago si los agentes no tienen una orden de allanamiento pero insisten en registrar mi vivienda incluso después de que me opongo?

R: No interfiera con el allanamiento. Si hay alguna persona con usted, pídale que sea testigo de que usted no está prestando su consentimiento para que se realice el allanamiento. Llame a su abogado tan pronto como le sea posible. Tome nota de los nombres y los números de placas de los funcionarios que realicen el allanamiento.

P: ¿Qué sucede si de todos modos hablo con los agentes de gobierno?

R: Todo lo que les diga a los agentes encargados del cumplimiento de la ley puede ser usado en su contra y en contra de otras personas. Recuerde que mentir a un funcionario del gobierno constituye un delito. Guardar silencio hasta que pueda consultar con un abogado.

protesta contra deportaciones

La crisis por la que atraviesa el sistema migratorio de los Estados Unidos ha provocado numerosas reacciones acá y en América Latina. Son muchas las personas que demandan soluciones para el caso de los 12 millones de indocumentados que, se calculan, estarían viviendo en la Unión Americana.

Muchos hablan de deportar a estas12 millones de personas, un cálculo tímido, sobre las abrumadoras cifras de la gente sin documentos legales que viven en Estados Unidos, sin embargo, pocos se atreven a calcular el costo de una operación de esta magnitud, incluidos los propios congresistas que discuten sobre esta reforma migratoria. Que se espera vuelva a las discusiones en ambas cámaras del congreso antes de que termine este año.

Aunque todavía las autoridades de la Oficina de Inmigración admiten no haber realizado los cálculos de los costos que implicaría aplicar la legislatura, los especialistas consideran un costo mínimo de 215 mil millones de dólares, en un tiempo aproximado de cinco años para realizar este operativo para capturar y enviar estos inmigrantes hacia sus países de origen. El doble del costo anual de la guerra de Irak.

En la dramática situación económica que se vive hoy esta cifra es grosera.

Según el Centro para el Progreso Estadounidense, una institución dedicada a la investigación, con sede en Washington D.C., este monto se ha calculado tomando en consideración un 75% de los inmigrantes indocumentados, ya que se prevé la salida voluntaria del 25 por ciento de las personas afectadas por la medida, es decir, la puesta en marcha de la operación alrededor de nueve millones de hombres, mujeres y niños a ser deportados.

Perseguir y encontrar a los indocumentados sería la parte más costosa, con cerca de 158 mil millones de dólares, unos 34 mil millones de dólares adicionales detenerlos, tres mil millones de dólares en comodidades para los centros de detención, 11 mil millones de dólares en procesos legales y nueve mil millones en sólo poner a los indocumentados en autobuses o aviones para ser deportados, indica el estudio.

Opinión similar sostiene la Federación para la Reforma Migratoria de Estados Unidos, que considera que en caso de aplicarse las leyes de proteger la frontera y penalizar a los empleadores que contratan a indocumentados, tal como lo estableció la reforma migratoria de 1986, muchos inmigrantes sin documentados regresarán a sus países voluntariamente y no se realizarían deportaciones masivas.

Más allá de lo que signifique en términos financieros la deportación de doce, diez o tres millones de personas, es importante que los estadounidenses conozcan del aporte económico que genera cada inmigrante dentro del mercado laboral. Los inmigrantes son un valioso activo y contribuyen de una manera positiva a todos los sectores de la sociedad. Y sólo un enfoque integral, responsable y de largo aliento va a permitir encontrar soluciones reales y constructivas al fenómeno de los flujos migratorios.

Los expertos pronosticaban que la demora en aprobar una nueva ley de inmigración, se extendería hasta después de las elecciones generales de 2008, ya que los congresistas entraban en campaña electoral y el tema migratorio es muy controversial. Algunos esperaban que el líder demócrata Reid incluyera de nuevo la reforma en el calendario de debates del Senado. Pero pasaron las elecciones, Reid sigue en la posición, los demócratas son mayoría y no ha pasado nada… Todavía.

De cualquier modo, en caso de que el Senado apruebe un proyecto, la Cámara de Representantes tendrá que aprobar otro y más adelante se tendrá que crear un comité de conferencia bipartidista y bicameral para redactar un proyecto con los textos de ambas cámaras, que el presidente Obama debe firmar para convertir en ley y pudiera acabar con este limbo migratorio que hoy mantiene en vilo a millones de inmigrantes.

El costo de la operación de deportación y el valor económico de los inmigrantes, tiene nuevas connotaciones que tienen que tomarse en cuenta

Cuanto costará legalizarse con la nueva Ley

¿Cómo le parecen las cifras de Cuánto pagará cada indocumentado para salir de las sombras y pedir la residencia permanente?

Cuidado con eso si alguien le está cobrando algo por esta razón no lo pague porque todavía no se sabe. Porque no se ha aprobado nada. Por ahora la respuesta es: No se sabe. Pero se estima que la cifra dejaría que pagarían cientos de miles que, en medio de la crisis económica, batallan cada día por un ingreso que apenas supera el salario mínimo. Se habla de $15 mil sin contar las multas por aquellas “faltas” que el indocumentado tenga en su récord criminal.

A finales de enero, el representante Luís Gutiérrez (demócrata de Illinois) anunció un nuevo esfuerzo por promover el debate de la reforma migratoria en el Congreso, y que ambas cámaras aprueben la legalización. En 2007, Gutiérrez encabezó una propuesta bipartidista en la Cámara de Representantes que, en resumen, permitía legalizar a los indocumentados que se encuentran en Estados Unidos desde el 1 de julio de 2006. El proyecto no fue aprobado, pero indicaba que cada extranjero sin papeles que calificara para la reforma debería pagar unos $4 mil hasta obtener, primero la residencia y luego la ciudadanía. Esto, sin contar gastos de abogado, exámenes médicos y apelaciones durante el largo y complejo proceso para salir de la clandestinidad.

Pero hay más. El gasto que deberá hacer cada indocumentado dependerá del tipo de reforma que apruebe el Congreso y del reglamento que autorice. Todos van a ganar, ganarán los indocumentados (la residencia legal permanente), pero al servicio de inmigración le caerán del cielo muchos millones de dólares. En el fracasado debate migratorio de 2007 se habló de multas de hasta $13,500 por casa indocumentado, más los costos del servicio de inmigración y los honorarios de los abogados que lo ayuden durante el proceso hasta conseguir la Tarjeta Verde. La cuota, sentó un precedente y es probable que se mantenga porque contó con el respaldo de ambos partidos. Y a esa cantidad es muy probable que se agreguen “multas” para limpiar faltas pequeñas o menos graves que puedan existir en el récord criminal o penal de un indocumentado. Estamos hablando de mucha plata. Suponiendo que el Congreso aprueba la reforma y utilice como base de cobro los debates estancados entre 2005 y 2007, cada indocumentado que califique a la legalización debería entonces pagar:

¨      Entre $2 mil y $13,500 de multa inicial para legalizar la estadía y recibir la autorización para iniciar el proceso de residencia.

¨      $1,010 (Formulario I-485, solicitud de residencia permanente).

¨      $340 (Formulario I-765, permiso de trabajo).

¨      $80 (Toma de huellas biométricas).

¨      $595 (Formulario N-400, petición de Ciudadanía).

En total, cada indocumentado que se beneficie con este plan pagaría (hasta obtener la ciudadanía) sólo por concepto de multas y tarifas una cantidad que oscila entre $4,025 y $15,525. Si se trata de una familia con dos hijos (papá, mamá y dos menores de edad), cada grupo pudiera pagar más.

Pero eso es un dineral. Si los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos calificaran, las arcas del servicio de inmigración recibirían entre $40,250.000,000 (cuarenta mil doscientos cincuenta millones de dólares) y $155.250.000,000 (ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta millones de dólares). Los precios son tentativos y se basan en tarifas contenidas en proyectos de reforma migratoria debatidas por el Congreso entre 2005 y 2007 y los precios actuales de las tarifas del servicio de inmigración. Pero hay gastos adicionales. Al precio estimado para legalizar la estadía en Estados Unidos, hay que sumar una serie de gastos adicionales que implican cada proceso migratorio. Entre ellos destacan:

¨      Gastos de representación de abogado en caso que el extranjero tenga problemas con la justicia.

¨      Gastos de envío de documentos al servicio de inmigración.

¨      En aquellos casos que el servicio de inmigración niegue un trámite y el extranjero apele el fallo, deberá contratar un abogado y enviar el Formulario I-290B, que a partir de junio costará $585 cada vez que se envíe una apelación. Cada apelación debe hacerse en un plazo que no supere 30 días.

¨      Si durante el trámite le vuelven a rechazar el caso y quiere apelar nuevamente, deberá pagar otros $585, más los honorarios del abogado.

If there were any doubts about his commitment to immigration reform, President Obama dispelled them at a bipartisan White House meeting with members of Congress on June 25.

“The President wants a comprehensive reform done this year or, at the latest, at the beginning of next year,” said Rep. Anthony Weiner (D-Brooklyn, Queens), who attended the meeting.

“He half-jokingly told us that he was willing to use ‘any political capital he has left’ for this purpose,” added Weiner.

New York was well represented at the gathering, with Sen. Chuck Schumer (D-New York) and Representatives Nydia Velázquez (D-Brooklyn) and Joe Crowley (D-Queens) also in attendance.

Weiner believes the road to a new comprehensive immigration law is sure to be bumpy, but not impossible, to travel – especially with Obama’s leadership.

“If we learned something in previous elections it’s that immigration was not the toxic issue many thought it was,” Weiner said referring to the slew of anti-immigration candidates rejected by voters in recent elections.

Actually, opinion polls show time and time again that the majority of the American people favor a fair and compassionate immigration reform law with a path to citizenship.

Recent polling conducted by the Benenson Strategy Group shows that – despite conventional wisdom to the contrary – even Republican voters overwhelmingly support comprehensive reform, reject enforcement-only approaches and believe reform will help the economy.

“As the Republican Party wrestles with how to repair its brand image with Latino voters and independents, it’s instructive that most self-identified Republican voters want the same policy fix as all Americans,” said Frank Sharry, executive director of America’s Voice, a pro-immigration reform group.

“Whether it’s Republican voters or others,” Sharry said, “the small but vocal minority of anti-immigration die-hards is overwhelmed by the number of people wanting a practical solution.”

Count the nation’s chiefs of police among the practical solution proponents. At a July 1 meeting in Miami, they called on Washington to fix the broken immigration system for reasons of public safety and asked that their perspective be included in reform discussions. The chiefs came out strongly against using local police to enforce immigration laws.

As Congress and the President prepare to tackle comprehensive reform, former NYPD First Deputy Commissioner – and current Miami chief of police – John Timoney; Austin, Tex., Police Chief Art Acevedo, and former Sacramento Police Chief Art Venegas reiterated that when immigrant members of the community fear contact with law enforcement, their ability to do their job is jeopardized, along with the safety of the community.

“Immigrant victims and witnesses of violent crimes will not come forward if they fear their ‘local police’ will deport them,” Timoney said. “This affects everyone as it hampers law enforcement efforts to thwart criminal activity in our neighborhoods.”

Weiner thinks that a comprehensive, compassionate and practical immigration reform law is within reach. And that it must be passed this year.

But he is well-aware that Republican votes will be needed, both in the Senate and the House, to pass it. And while says there is an internal “battle for the soul of the party” going on, he thinks enough Republicans will say yes to a comprehensive bill. How could they not?

After all, according to Weiner, alienating immigrant voters – especially Hispanics – would make the Republicans the minority party for the next 10 years. And you can bet they will do whatever it takes to try to avoid such a fate.